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Federación Costarricense de Fútbol acuerda pagar ₡6 millones para poner fin a demanda laboral por despido.
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) deberá desembolsar un total de seis millones de colones, luego de alcanzar un acuerdo conciliatorio con Rosibel Araya Vargas, quien interpuso una demanda laboral contra el ente rector del fútbol costarricense.
Así consta en la sentencia de primera instancia número 2026001616, dictada el pasado 17 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, dentro del expediente 24-000223-0639-LA y de la cual sensaciondeportiva.com tiene copia.
El proceso judicial, tramitado como un ordinario de despido, concluyó mediante una conciliación entre las partes, acuerdo que posteriormente recibió la aprobación de la autoridad judicial.
Durante la audiencia, celebrada de manera virtual, Araya Vargas estuvo acompañada por su abogado, Carlos Umaña Elizondo, mientras que la Federación Costarricense de Fútbol fue representada por el licenciado Cristian Acuña Bolaños, en su condición de apoderado especial judicial.
Un acuerdo de seis millones de colones
Según lo establecido en la resolución, la Federación se comprometió a cancelar a la demandante un total de ₡6 millones, mediante un primer desembolso de ₡2 millones, programado para el 30 de septiembre de 2026.
Los restantes ₡4 millones deberán ser cancelados en cuatro cuotas mensuales de ₡1 millón cada una, con vencimientos previstos para el 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre de 2026 y 30 de enero de 2027, o el día hábil siguiente cuando corresponda.
De esta manera, la Federación tendrá como fecha límite el 30 de enero de 2027 para completar la totalidad del compromiso económico, conforme a los términos establecidos judicialmente.
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La resolución no permite determinar si el primer desembolso, cuyo vencimiento ya se produjo, fue efectivamente realizado.
Demandante renuncia a posteriores reclamos.
Uno de los aspectos relevantes del acuerdo establece que, una vez recibido el pago convenido, Araya Vargas se dará por satisfecha respecto de sus pretensiones dentro de este proceso y renunciará a formular reclamos posteriores relacionados con el asunto.
Asimismo, las partes acordaron asumir individualmente sus gastos legales, sin establecer condenatoria en costas.
Otro de los compromisos adquiridos por la demandante consiste en mantener la confidencialidad sobre los pormenores del acuerdo conciliatorio.
Acuerdo tiene carácter de sentencia judicial.
El juez Ignacio Saborío Crespo, encargado de conocer el asunto, determinó que la conciliación cumplía con las disposiciones legales aplicables y no contravenía la legislación laboral costarricense.
Por esa razón, el despacho judicial homologó el acuerdo, otorgándole autoridad y eficacia de cosa juzgada material, así como carácter ejecutorio inmediato.
Esto significa que lo pactado no constituye simplemente un compromiso privado entre las partes, sino una obligación respaldada por una resolución judicial que puede ser ejecutada en caso de incumplimiento.
La sentencia también señala que, si la Federación incumple las obligaciones económicas asumidas, podrá recurrirse al apremio patrimonial para procurar el cobro de las sumas adeudadas.
Una vez satisfechos todos los compromisos establecidos en la conciliación, el expediente será archivado.
Un litigio laboral que termina por la vía conciliatoria
Aunque el expediente corresponde a una demanda por despido, es importante señalar que la resolución no contiene una declaración judicial que determine que la Federación incurrió en un despido injustificado.
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El conflicto se resolvió mediante un acuerdo voluntario, posteriormente homologado por el Juzgado de Trabajo, sin que fuera necesario un pronunciamiento de fondo sobre la procedencia de las pretensiones planteadas.
Lo concreto es que la Federación Costarricense de Fútbol asumió una obligación económica de ₡6 millones para resolver este conflicto laboral, compromiso cuyo cumplimiento está respaldado por una sentencia judicial.
